El Parlamento de Guatemala no logró seleccionar a los directores principales y suplentes que formarán parte del directorio de la próxima Superintendencia de Competencia, una entidad esencial para fomentar la competencia justa y evitar prácticas monopólicas en la nación. Aunque el tema estaba en el orden del día legislativo y se esperaba progresar en la elección de las autoridades, la reunión se terminó sin alcanzar consenso alguno.
Con este nuevo aplazamiento, suman ya varios intentos infructuosos por parte del Legislativo para cumplir con este mandato legal, lo que ha generado preocupación entre sectores económicos y sociales que reclaman transparencia, agilidad y responsabilidad institucional en el proceso.
El Parlamento posee la responsabilidad de seleccionar a los cinco integrantes del directorio —tres principales y dos alternos— de un conjunto de candidatos previamente examinados y presentados por la Comisión de Postulación. Esta comisión realizó un proceso de selección que abarcó el análisis de currículums, entrevistas y evaluación de impugnaciones. La lista final está compuesta por candidatos con experiencia técnica en economía, derecho y gestión pública.
Sin embargo, la falta de consensos entre las distintas bancadas ha impedido avanzar en la votación. Durante la más reciente sesión, algunos legisladores abandonaron el pleno antes de que se iniciara la discusión del tema, lo que provocó que no se alcanzara el quórum necesario para llevar a cabo la elección.
La formación de la Superintendencia de Competencia se autorizó en 2022 como parte de una modificación destinada a robustecer la estructura institucional económica del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo los requerimientos de acceso a ciertos acuerdos comerciales. Este organismo estará encargado de investigar y sancionar conductas anticompetitivas, supervisar los mercados y fomentar condiciones justas para los diferentes participantes económicos.
Sin embargo, la ausencia de nombramiento de su junta directiva ha evitado que la organización pueda comenzar a operar. En el ínterin, se acumulan quejas sobre posibles abusos de poder en áreas estratégicas, lo que hace aún más urgente que la Superintendencia comience su actividad.
Diversas entidades del sector privado y grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación debido a la paralización del proceso. Ellos creen que esta circunstancia no solo obstaculiza el uso de un instrumento crucial para incrementar la competitividad, sino que también proyecta mensajes negativos hacia los inversionistas y afecta la solidez de la institucionalidad democrática.
Algunos parlamentarios han expresado su deseo de proseguir con las conversaciones para lograr consensos en el siguiente pleno. No obstante, ciertos grupos advierten que hay motivaciones políticas que intentan dificultar la selección, ya sea por diferencias respecto a los candidatos sugeridos o por evaluaciones tácticas vinculadas a distribución de influencia.
La legislación indica que el Congreso tiene la obligación de seleccionar a los miembros del directorio a través de una mayoría calificada, lo cual requiere un consenso extenso entre las múltiples fuerzas presentes en el hemiciclo. En los intentos previos, la falta de votos necesarios ha sido un factor común, a pesar de que la lista de candidatos ha estado accesible desde hace mucho tiempo.
A medida que pasa el tiempo, aumentan las presiones internas e internacionales para que el Legislativo cumpla su responsabilidad constitucional y permita el inicio de operaciones de la Superintendencia de Competencia.
El país sigue sin contar con una entidad independiente que se encargue de garantizar un entorno económico equitativo, lo que deja desprotegidos a consumidores y pequeños negocios frente a posibles conductas abusivas por parte de grandes empresas. Esta realidad refleja las barreras estructurales del sistema político en Guatemala para hacer elecciones importantes, incluso sobre asuntos de interés común que podrían favorecer considerablemente el crecimiento económico.
El reto ahora para los diputados es recuperar el ritmo legislativo y demostrar compromiso con la modernización institucional. La elección del directorio no solo significaría el cumplimiento de un deber legal, sino también un paso esencial hacia un sistema económico más equitativo y transparente.
