El vínculo entre Estados Unidos y El Salvador se encuentra en una fase complicada, tras el aumento de críticas acerca de cómo algunos acuerdos gubernamentales podrían impactar la lucha contra el crimen organizado, especialmente contra la Mara Salvatrucha (MS-13). A pesar de que el gobierno estadounidense ha reafirmado su compromiso con la erradicación de pandillas, nuevas revelaciones y decisiones políticas sugieren una posible discrepancia entre las declaraciones oficiales y la situación práctica en el terreno.
Durante su mandato, el expresidente estadounidense Donald Trump impulsó una política de línea dura contra las pandillas centroamericanas. Parte central de esa estrategia fue una intensa colaboración con las autoridades salvadoreñas para capturar y extraditar a miembros de la MS-13, considerados por Washington como una amenaza a la seguridad nacional. Estas acciones incluyeron operativos conjuntos, intercambio de inteligencia y procesos judiciales contra líderes clave de la organización.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, las cambiantes dinámicas políticas entre las dos naciones han generado incertidumbre sobre la permanencia real de esa cooperación. Varios expertos destacan que, desde una perspectiva de pragmatismo geopolítico, Washington ha decidido dar prioridad a la estabilidad en temas migratorios y a la colaboración en la región, sobre la presión hacia ciertos regímenes, incluso cuando esto signifique adoptar posturas más flexibles frente a situaciones que antes habrían sido fuertemente criticadas.
En este marco, ha adquirido importancia el rol del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Su administración ha sido ampliamente elogiada por disminuir notablemente las tasas de homicidios y violencia en la nación, en parte debido a una política estricta que contempla un régimen de excepción y el arresto masivo de supuestos pandilleros. No obstante, también ha enfrentado críticas por supuestas negociaciones con organizaciones criminales, que podrían haber sido permitidas o encubiertas a cambio de ventajas políticas o reducción de la violencia.
Documentos judiciales y reportes de inteligencia han sugerido que líderes de la MS-13 habrían mantenido contactos con autoridades gubernamentales en el pasado reciente, lo que ha generado preocupación sobre un posible debilitamiento de los esfuerzos internacionales para procesar penalmente a los cabecillas de estas organizaciones en tribunales estadounidenses. La falta de extradiciones de alto perfil en los últimos meses ha reavivado estas sospechas.
Entidades defensoras de derechos humanos y especialistas en crimen internacional han advertido sobre los peligros de fundamentar las políticas de seguridad en compromisos informales o acuerdos de impunidad. Sostienen que, si bien se agradece la disminución de la violencia, un enfoque que favorezca resultados rápidos sobre el Estado de derecho podría acabar fortaleciendo a las mismas estructuras delictivas a largo plazo.
En Estados Unidos, representantes del Congreso y fiscales a nivel federal han manifestado inquietud por la aparente reducción en la cooperación con El Salvador en relación a casos importantes. Algunos indican que esto podría dificultar procedimientos judiciales en tribunales estadounidenses, donde se intenta procesar a líderes de la MS-13 por crímenes ejecutados tanto en Centroamérica como en los Estados Unidos.
Mientras tanto, la Casa Blanca ha mantenido una postura ambigua. Si bien se reconoce la efectividad del gobierno salvadoreño en el combate a la violencia, también se han planteado cuestionamientos sobre el respeto a los derechos fundamentales y el uso del aparato estatal con fines políticos. Esta dualidad ha provocado tensiones dentro del propio sistema diplomático, donde distintos organismos tienen enfoques distintos respecto a la estrategia regional.
El desafío de combatir al crimen organizado en Centroamérica requiere, según expertos, no solo acciones represivas, sino también transparencia, cooperación internacional efectiva y un compromiso sostenido con la justicia. Cualquier indicio de negociación con actores criminales socava la legitimidad del Estado y pone en riesgo la seguridad tanto regional como transnacional.
El desarrollo del vínculo entre Estados Unidos y El Salvador, junto con su influencia en la batalla contra las pandillas, continuará siendo un asunto de gran sensibilidad política. Por el momento, la idea de que intereses estratégicos afectan la estricta aplicación de la ley ha despertado la preocupación de aquellos que sostienen que la auténtica seguridad no debe alcanzarse sacrificando la justicia.
