La presión económica en aumento impulsó a los gobernadores de las provincias de Argentina a ejecutar una acción conjunta sin antecedentes durante el actual período presidencial. En un encuentro decisivo, los 24 líderes provinciales se unieron para pedir una reconfiguración en la asignación de recursos del país y presentar propuestas específicas que puedan mitigar la crisis económica que afecta a sus regiones. Esta inesperada convergencia de intereses políticos, tanto del partido en el poder como de la oposición, subraya la seriedad del problema y establece un precedente en las relaciones entre la Nación y las provincias.
La base de este acuerdo fue la inquietud común sobre el continuo descenso de los ingresos de la provincia desde finales de 2023, debido a una mezcla de factores como el ajuste fiscal nacional, la detención de las obras públicas y la significativa disminución de transferencias no automáticas. De acuerdo con cálculos provinciales, desde noviembre de ese año hasta mayo de 2025, se dejaron de recibir casi 30 billones de pesos. Esta cantidad contempla pérdidas por coparticipación, fondos discrecionales y recursos que no se ejecutaron y que solían asignarse a programas locales.
Ante esta situación, los gobernadores impulsaron una iniciativa legislativa para suprimir dos fondos fiduciarios financiados por el impuesto a los combustibles, originalmente destinados a proyectos de infraestructura. El objetivo es reasignar esos fondos hacia la masa coparticipable, permitiendo a las provincias decidir libremente su uso, sin las limitaciones establecidas por el gobierno central. Al mismo tiempo, se sugiere distribuir equitativamente el excedente de los Aportes del Tesoro Nacional, que actualmente gestiona el Ejecutivo, siguiendo criterios similares a los de la coparticipación primaria y secundaria.
Uno de los argumentos centrales de los líderes es que no están pidiendo más dinero, sino solo obtener lo que ya les pertenece. Afirman que estos fondos ayudarían a equilibrar las finanzas de las provincias sin comprometer el superávit fiscal que el gobierno nacional ha establecido como una de sus metas principales. Asimismo, destacan que si el discurso oficial ha indicado que los fondos fiduciarios son herramientas ineficaces o susceptibles a influencias políticas, entonces no hay motivos para oponerse a su eliminación.
El movimiento generó respuestas en la Casa Rosada. Desde el Ejecutivo se adelantó que se planteará una propuesta alternativa, con la condición de no modificar el equilibrio fiscal. Sin embargo, se destacó que los fondos fiduciarios tienen un propósito específico: el cuidado de carreteras nacionales, y su eliminación debería asegurar que esos recursos no se aparten de su objetivo original.
El conflicto entre Nación y provincias no es algo reciente. Hace algunas semanas, la deducción de una porción de la coparticipación a Chubut provocó una serie de quejas a nivel regional e inició procesos judiciales. Esta provincia del sur obtuvo el apoyo de otras regiones, formando un bloque unido que se traduce ahora en esta nueva propuesta legal. La disputa alcanzó un nivel tal que involucró acusaciones penales de un lado al otro, mostrando la intensificación del enfrentamiento entre el federalismo de las provincias y el centralismo en temas fiscales.
El Consejo Federal de Inversiones funcionó como articulador de los encuentros y el diseño del proyecto. En las mesas de trabajo, los gobernadores acordaron avanzar de forma institucional y coordinada. El consenso alcanzado refleja no solo una respuesta a una coyuntura económica asfixiante, sino también una señal política clara: el federalismo exige una redefinición del vínculo financiero con el Estado nacional.
Por encima de la situación actual, la propuesta genera preguntas sobre la distribución del poder entre las provincias y el gobierno nacional. La habilidad de los gobernadores para coordinar demandas conjuntas y progresar en iniciativas legislativas unificadas podría señalar el comienzo de un período donde las provincias asuman un papel más importante en la política nacional. El gobierno central, a su vez, tendrá que optar entre ceder ante esta presión en conjunto o fortalecer su enfoque en la gestión del presupuesto.
En un escenario de debilitamiento institucional y fatiga política, este avance federalista inicia una fase renovada de diálogos, desafíos y cambios. El desenlace de este conflicto será crucial para establecer el futuro del nexo entre el gobierno central y los gobiernos regionales, además de evaluar en qué medida se puede conservar el equilibrio fiscal sin ignorar las necesidades sociales y económicas internas del país.
