El Instituto Nacional Electoral (INE) de México aprobó el viernes que el partido gobernante, Morena y sus aliados, obtendrán aproximadamente el 73% de los escaños en la Cámara de Representantes, a pesar de obtener menos del 60% de los votos en las elecciones del 2 de junio.
Esa decisión, que podría ser apelada ante los tribunales, daría a la coalición la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar reformas a la constitución de México. De confirmarse, Morena y sus aliados tendrían alrededor de 364 de los 500 escaños disponibles.
Los críticos argumentan que esta distribución de escaños le daría a Morena más poder en el Congreso del que le corresponde según los resultados electorales. En el centro del debate está la ley, que asigna escaños basándose en la representación proporcional y otorga a los partidos más pequeños una ventaja en función de su porcentaje de votos, incluso si no ganan ciertos distritos.
Se cree que Morena «prestó» candidatos ganadores a aliados como el Partido Verde y el Partido Laborista, que a menudo votan por ellos. El consejo del INE concluyó que las reglas de representación proporcional solo se aplican a partidos individuales sin considerar el impacto en la coalición mayoritaria.
Aunque Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría de dos tercios en el Senado, están a sólo dos o tres escaños de ella y pueden ser conquistados por un partido más pequeño.
El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, también de Morena, han expresado su intención de utilizar esta mayoría para impulsar 20 enmiendas constitucionales, incluida la elección popular de jueces, que podrían amenazar la independencia del poder judicial. y consolidar aún más el control del partido.
La propuesta generó críticas de inversionistas y organizaciones financieras, así como del embajador estadounidense Ken Salazar, quien advirtió sobre riesgos para la democracia mexicana y las relaciones comerciales entre ambos países.
Además, los tribunales federales quedaron en gran medida paralizados por una huelga de empleados judiciales que protestaban por la reforma. Los jueces también se sumaron a esta huelga.
Entre varias reformas, Morena busca abolir los organismos reguladores independientes, argumentando que son un gasto innecesario y que las funciones de supervisión deberían dejarse en manos de agencias gubernamentales autorreguladoras.
López Obrador ha intentado avanzar con proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas sin supervisión ni estudios de impacto ambiental, y enfrenta una serie de desafíos legales. Una enmienda constitucional podría eliminar estas barreras.
El presidente dejará el cargo el 30 de septiembre, pero Sheinbaum, quien se convirtió en la primera mujer presidenta de México después de ganar las elecciones, ha prometido continuar con su agenda.
