El miércoles, la Cámara de Representantes de México aprobó un controvertido proyecto de ley que podría marcar el comienzo de la reforma judicial más radical del siglo. Esta iniciativa obligaría a que todos los jueces sean elegidos por voto popular.
Durante una larga sesión, los representantes se vieron obligados a reunirse en un gimnasio debido a las protestas que bloqueaban el acceso al congreso. La medida fue adoptada con 359 votos a favor y 135 votos en contra en la primera votación según líneas partidistas.
El proyecto de ley requiere una mayoría de dos tercios en una segunda votación poco antes de pasar al Senado. El partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador dice que los jueces actuales son corruptos y busca elegir a unos 7.000 jueces.
Pero los críticos advierten que la reforma podría amenazar la independencia del poder judicial, planteando dudas sobre si se pueden celebrar elecciones de esta magnitud sin la influencia de grupos criminales.
López Obrador ha criticado a los tribunales por obstruir sus iniciativas y ha prometido durante meses reformar el poder judicial, además de eliminar varios organismos reguladores independientes. Se espera que la votación en el Senado sea reñida, aunque el partido del presidente parece estar intentando conseguir el apoyo necesario.
La reunión del miércoles siguió a una serie de protestas que escalaron cuando los manifestantes bloquearon la entrada al Congreso para exigir un debate sobre la reforma. La situación se complicó cuando la Corte Suprema se sumó a la huelga, lo que agravó la controversia.
Los opositores temen que la medida empuje al partido gobernante a controlar el poder judicial, un importante revés para la democracia. Actualmente, los jueces avanzan a través de un sistema de mérito, pero los cambios permitirían que cualquier abogado calificado presente su solicitud, incluso en un sistema de selección aleatoria.
A pesar de los problemas de corrupción en el sistema de justicia de México, las reformas recientes han buscado aumentar la transparencia. Es notable la preocupación internacional, particularmente del embajador de Estados Unidos en México, quien ha advertido sobre potenciales consecuencias negativas para las relaciones bilaterales y la economía.
Por su parte, López Obrador defendió la reforma diciendo que fortalecería el Estado de derecho y la democracia. Los cambios propuestos también incluirían jueces de identidad oculta en casos de crimen organizado y limitarían el poder de los tribunales para bloquear iniciativas gubernamentales.
En resumen, este proyecto de ley podría tener graves consecuencias para el sistema judicial y político de México en los años venideros.
