El 30 de mayo de 2025, el líder de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó su plan de incrementar los aranceles sobre las importaciones de acero, pasando del 25% al 50%. Esta declaración se llevó a cabo durante un evento en la planta Mon Valley Works-Irvin de U.S. Steel ubicada en West Mifflin, Pensilvania, con el objetivo de reforzar la industria del acero nacional ante la competencia del exterior.
Trump defendió la decisión como un modo de salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la autosuficiencia industrial de Estados Unidos. Afirmó que la elevación de aranceles evitaría que otras naciones eludan las normativas comerciales de Estados Unidos y subrayó que la medida se implementará la semana entrante.
Este aumento en los aranceles coincide con la noticia de una inyección de capital de 14.000 millones de dólares de la compañía japonesa Nippon Steel en U.S. Steel. A pesar de que Trump se mostró contrario al principio sobre la compra de U.S. Steel por Nippon Steel, ahora apoya una colaboración que asegura el dominio estadounidense sobre la compañía a través de una «acción de oro» y una junta directiva predominantemente estadounidense.
El incremento de los aranceles ha provocado una variedad de respuestas. Los empleados del sector siderúrgico están contentos con la noticia, dado que la iniciativa podría resguardar empleos y estimular la inversión en fábricas del país. No obstante, sectores que utilizan el acero, como el de la construcción y la industria manufacturera, manifiestan inquietud ante el posible aumento en los costos y la inflación que podría derivarse.
En el contexto global, naciones que venden acero como Canadá, México, Brasil y Corea del Sur podrían ser impactadas por la decisión. Aunque China constituye una parte menor de las importaciones de acero estadounidenses, continúa siendo un enfoque en la estrategia comercial de Trump debido al exceso de producción mundial y a los precios reducidos del acero chino.
La política arancelaria de Trump ha sido objeto de desafíos legales. Recientemente, un tribunal federal declaró ilegales algunos de sus aranceles anteriores por exceder las competencias ejecutivas, aunque esta decisión no afecta directamente a los aranceles al acero. La administración Trump ha apelado la sentencia y continúa defendiendo su enfoque proteccionista.
